Sentencia A. 922/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-922/25

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 922 DE 2025

 

Referencia: Expediente ICC-5015.

 

Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre el Juzgado 002 Penal Municipal de Túquerres (Nariño) y el Juzgado Civil del Circuito del mismo municipio.

 

Magistrado ponente:

Vladimir Fernández Andrade.

 

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del artículo 5 de su reglamento interno, profiere el presente auto, respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 El señor Franco Manolo Villota Coral, presentó acción de tutela[1] en contra del Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la dignidad humana, a la libertad de expresión, al trabajo y a la igualdad; presuntamente vulnerados por la autoridad accionada, al adoptar la decisión de retirarle el aval como rector de la Institución Educativa San Sebastián de Yascual. Como pretensiones, solicitó, entre otras, que “se ordene al Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual que deje sin efectos la decisión arbitraria de retirar el aval y de solicitar la devolución del suscrito a la Secretaría de Educación Departamental por incumplir mis labores como rector, al no haberse surtido un procedimiento válido, legítimo y respetuoso de los derechos fundamentales, y por haberse extralimitado en funciones al asumir competencias de carácter disciplinario que no le corresponden”[2].

 

2.                 En su escrito, el accionante solicitó la vinculación de (i) la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, (ii) el Ministerio de Educación Nacional, (iii) el Ministerio del Interior, (iv) la Personería Municipal de Túquerres, y (v) la Defensoría del Pueblo, Regional Nariño.

 

3.                 El asunto correspondió por reparto al Juzgado 002 Penal Municipal de Túquerres[3], despacho judicial que, a través de Auto del 09 de mayo de 2025[4], resolvió remitir la tutela al Centro de Servicios Judiciales de Túquerres para que se asignase a un juzgado de categoría del circuito de la misma ciudad. Para fundamentar su decisión, el juzgado señaló que, al haberse solicitado la vinculación al trámite del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio del Interior, de conformidad con el Decreto 333 de 2021, que modificó el Decreto 1069 de 2015, la competencia para conocer del asunto correspondía a los jueces del circuito o con igual categoría.

 

4.                 El proceso fue repartido entonces al Juzgado Civil del Circuito de Túquerres, el cual, mediante Auto del 12 de mayo de 2025[5] resolvió plantear el conflicto negativo de competencia respecto del Juzgado 002 Penal Municipal de Túquerres y, en tal sentido, ordenó la remisión de las diligencias a la Corte Constitucional para que dirimiera el referido conflicto.

 

5.                 El Juzgado Civil del Circuito de Túquerres argumentó que, de conformidad con la jurisprudencia[6] de la Corte Constitucional, “(…) debe concluirse que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Túquerres, al cual le fue repartida la acción constitucional originalmente, no estaba autorizado para abstenerse de conocer de la misma y omitir su trámite, con fundamento en la reglas de reparto que establece el Decreto 333 de 2021, en su artículo 1, que modificó a su vez el artículo, 2.2.3.1.2.1., pues si bien, en la acción de tutela se solicita la vinculación de entidades de orden nacional, como el [Ministerio de Educación Nacional] y el [Ministerio del Interior], tal situación no incide en la competencia que le corresponde como juez constitucional conforme al factor territorial, tal como lo ha expuesto insistentemente la H. Corte Constitucional”[7].

 

6.                 El 12 de mayo de 2025, se radicó el expediente ante la Corte Constitucional[8]. Luego, el 05 de junio de 2025, la Sala Plena lo repartió y el 09 de junio siguiente lo remitió al despacho del magistrado ponente.

 

7.                 El 26 de mayo de 2025, el Juzgado Civil del Circuito de Túquerres allegó a través de correo electrónico[9] un memorial presentado por el señor Franco Manolo Villota Coral, en el cual manifestaba su intención de “retirar” la acción de tutela, de manera libre y voluntaria, como quiera que “surgieron circunstancias administrativas nuevas”[10].

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

8.                 La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[11]. Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[12] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite o, en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales^[13], tal y como lo precisó la Sala Plena en el Auto 550 de 2018.

 

9.                 En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, conforme con lo previsto en el inciso 2° del artículo 18 de la Ley 270 de 1996[14]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte asumirá su estudio, sin perjuicio de la advertencia que se hará en la parte resolutiva.

 

10.             De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, “a prevención”, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[15]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del artículo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017; y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente puede conocer de ella, las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”^[16], en los términos establecidos en el artículo 32 del citado Decreto 2591 de 1991.

 

11.             Adicionalmente, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho de acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia[17].

 

12.             Así las cosas, al tener en cuenta que estos preceptos no pueden servir de fundamento para que los jueces se aparten del conocimiento de las solicitudes de amparo, la Corte ha expresado que “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”.[18]

 

III.    CASO CONCRETO

 

13.             De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

(i)          Se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 002 Penal Municipal de Túquerres se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela presentada por el señor Franco Manolo Villota Coral, con fundamento en las reglas de reparto, a pesar de que estas no desplazan su competencia para fallar la acción constitucional.

 

(ii)        De esta manera, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala Plena considera que le corresponde al Juzgado 002 Penal Municipal de Túquerres resolver la acción de tutela en cuestión, en tanto fue la primera autoridad judicial a la que se le asignó el conocimiento del presente asunto.

 

(iii)     Con base en lo expuesto, la Corte dejará sin efectos el Auto del 09 de mayo de 2025 proferido por el Juzgado 002 Penal Municipal de Túquerres, mediante el cual  consideró que carecía de competencia para conocer la acción de tutela de la referencia y resolvió ordenar su remisión a los jueces del circuito de Túquerres, toda vez que desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia, el contenido explícito del parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y afectó la celeridad con que debe surtirse el trámite de esta acción constitucional. De igual manera, la Sala Plena ordenará que se le remita por Secretaría el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

(iv)      Adicionalmente, se advertirá al Juzgado 002 Penal Municipal de Túquerres que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia con base en las reglas de reparto, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

(v)        Por otra parte, se advertirá al Juzgado Civil del Circuito de Túquerres que, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 para resolver el conflicto, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

(vi)      Finalmente, respecto a la solicitud de retiro de la tutela presentada por el accionante, y remitida a esta Corporación el 26 de mayo de 2025[19], considera la Corte que la determinación sobre el asunto debe ser adoptada por el juez que asuma el conocimiento de la tutela.

 

 

IV.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero: DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 09 de mayo de 2025 proferido por el Juzgado 002 Penal Municipal de Túquerres, en el marco del trámite de la acción de tutela promovida por el señor Franco Manolo Villota Coral, en contra del Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual.

 

Segundo: REMITIR el expediente ICC-5015 al Juzgado 002 Penal Municipal de Túquerres para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

 

Tercero: ADVERTIR al Juzgado 002 Penal Municipal de Túquerres que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia con base en las reglas de reparto, en tanto ello desconoce el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

Cuarto: ADVERTIR al Juzgado Civil del Circuito de Túquerres que, siempre que considere que exista un conflicto de competencia en materia de tutela, remita el asunto a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 para resolver el conflicto, en lugar de remitirlo a la Corte Constitucional, observando las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de este Tribunal y compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

Quinto: Por la Secretaría General de esta corporación, COMUNICAR la presente decisión a la parte demandante, al Juzgado 002 Penal Municipal de Túquerres y al Juzgado Civil del Circuito de Túquerres.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con comisión

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CAROLINA RAMÍREZ  PÉREZ

Magistrada (e)

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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